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Controversia de las leyes secundarias de telecomunicaciones

Censura en Internet
Uno de los puntos que más polémica ha generado es la posibilidad de que el gobierno federal ordene a una empresa bloquear un contenido en la red “cuando medie orden de autoridad” (artículo 145) o de que exija el bloqueo de señales en momentos o lugares críticos para la seguridad pública o nacional (artículo 197).
Hace un par de semanas, luego de las protestas que el tema generó, las autoridades federales prometieron hacer cambios a la propuesta presidencial y retirar esos aspectos del documento.

Intervención de comunicaciones
Otros puntos contemplan que el gobierno federal pueda solicitar a un concesionario que intervenga comunicaciones (artículo 190) y que le entregue el registro de las llamadas de un usuario (artículo 192).
Para los opositores de la iniciativa presidencial, esto representa un ataque a la privacidad de los ciudadanos. Además, implicaría costos económicos y dificultades técnicas para los concesionarios, que por ley deberían guardar esos registros durante al menos dos años.

Geologalización
Otro apartado de la propuesta de Peña Nieto (artículo 189) prevé que el gobierno federal pueda pedir a un concesionario de telefonía celular que localice en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.

Actualmente, el Código Federal de Procedimientos Penales ya contempla esa posibilidad, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a comienzos de año que la geolocalización únicamente podrá emplearse en casos extremos, es decir, si está en riesgo la vida o la integridad física de una víctima o si puede desaparecer un objeto robado.
El que este punto pueda incluirse en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones preocupa tanto a ciudadanos como a defensores de derechos humanos.

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